
La empresa defiende que el informe de Bruselas sobre la quita de la deuda de la SEPI es un análisis técnico, sin efectos jurídicos vinculantes. Los compradores temen, sin embargo, que la Comisión Europea reclame después la devolución de una ayuda de Estado, ya que el crédito procede de un rescate del marco temporal pandémico. El contenido íntegro del informe no es público.
El juzgado que instruye el concurso deberá fijar la calificación del crédito de la SEPI, hito que aclarará el peso real del informe.