
Entre los particulares se cuentan más de 1.300 personas con actividad empresarial o profesional. Cerca del 85% de los procedimientos se tramita sin masa activa, al carecer el deudor de patrimonio suficiente.
El repunte se vincula a la reforma de 2022, que suprimió el acuerdo extrajudicial de pagos como trámite obligatorio previo a la Segunda Oportunidad. Andalucía sumó cerca de 2.000 deudores, solo por detrás de Cataluña, Madrid y la Comunidad Valenciana.