
La administración concursal recae en PKF Attest Concursal, representada por María Loinaz Alonso, y se ha cesado a los anteriores administradores. La sociedad se disuelve y su patrimonio se destinará a pagar deudas.
La crisis salió a la luz en 2026, con impagos de salarios a unos 170 trabajadores y quejas de compradores que no recibieron vehículos ya pagados. Se desconoce cuánto podrá recuperarse.