
La oferta comprende 61 de las unas 130 clínicas, la subrogación de unos 650 trabajadores y la continuidad de los tratamientos de más de 30.000 pacientes. La plantilla afectada supera los 790 empleados.
La SEPI y la Abogacía del Estado alegan que el comprador no asumiría los préstamos de 2022 y piden consultar a Bruselas por posibles ayudas de Estado. El administrador concursal sostiene que las reglas concursales permiten delimitar las deudas del adquirente.