
Trabajadores, el administrador concursal FTI & Partners y la compradora defienden la venta como única vía para completar 30.000 tratamientos y salvar 656 empleos en 61 clínicas, frente al riesgo de cese de actividad y despido colectivo.
La SEPI, que inyectó 40 millones en 2022 desde el FASEE, teme no recuperar el crédito y plantea elevar el caso a Bruselas por posible ayuda de Estado. La jueza resolverá antes de noviembre.