Según su versión, un Real Decreto de 1995 permitió pactar con la Seguridad Social la deuda de la compañía, y los cierres de filiales en Alemania y Sevilla generaron ahorros adicionales. Una auditoría encargada por la empresa avalaría esas cifras.
La Fiscalía pidió hasta 27 años de cárcel por los 12 millones facturados por su despacho. Acordó año y medio de prisión sin ingreso. Atribuye el hundimiento a la maniobra del accionista mayoritario, Manuel Matos.