
La oferta excluye los préstamos de la Sepi, que rescató a Vivanta en 2022 con 40 millones; la Abogacía del Estado lo considera ayuda de Estado. La jueza Ana María Gallego ha pedido dictamen a la Comisión Europea, que podría tardar tres meses más. Santander defiende la liquidación. La administración concursal, FTI Consulting, activará un plan de contingencia.
UGT y CCOO denuncian insultos a empleados y exigen protocolos de seguridad.