
Santos Barja reclama la restitución de los títulos o, subsidiariamente, 2,44 millones de euros. El club sostiene que los 94 euros por acción eran el precio habitual y que el valor contable no equivale al de mercado.
Las acciones suponen cerca del 1,4% del capital, por lo que Ramírez, con en torno al 70%, conservaría el control. Paralelamente, un juzgado de instrucción de Las Palmas de Gran Canaria investiga la operación por presunta insolvencia punible.