
Están acusadas tres personas físicas y las sociedades Contratas Iglesias y Arposa 60, esta última constituida en 2014 y a la que, según Fiscalía, se trasladaron contratos, fincas y medios personales tras el concurso de 2012 y el convenio aprobado en 2013. Entre 2015 y 2018 se crearon 25 UTE conjuntas que permitieron a Arposa acceder a obra pública sin cumplir los requisitos exigidos.
Fiscalía pide dos años y medio de prisión para cada acusado y multas para ambas sociedades; la acusación particular eleva la petición hasta seis años de cárcel.