
El conflicto arranca con los despidos de más de medio centenar de trabajadores de varias sociedades del grupo a finales de 2025, luego declaradas en concurso sin masa. La denuncia aporta correos, pedidos y coincidencias de administradores y proveedores para sostener que la fabricación y comercialización no se habría detenido.
Los denunciantes piden investigar una posible sucesión empresarial y la responsabilidad de los gestores, en un caso que se suma a demandas judiciales ya en marcha.