
La sentencia, dictada por el juez Marcos Bermúdez Ávila a instancias de los bancos acreedores, aprecia salida fraudulenta de bienes: se cobraron facturas ya cedidas en un factoring sindicado de 2022 y algo más de 12 millones se destinaron a gastos corrientes. No condena a cubrir el déficit, al no probarse agravación de la insolvencia.
PKF Attest fue administrador concursal. La resolución es recurrible ante la Audiencia Provincial.