
La deuda, repartida en 24 créditos con 18 entidades, procedía de un negocio familiar que no superó la crisis de 2008. Los intereses, las costas y las cesiones a fondos de recobro la multiplicaron. La pareja vivía del Ingreso Mínimo Vital, sin bienes y con un menor a cargo.
El juzgado exigió justificar el origen de cada crédito. Tras acreditarlo, la jueza apreció buena fe e insolvencia por circunstancias ajenas a su voluntad.