
El administrador concursal, la consultora PKF Attest, trasladó este martes a los comités de empresa de las plantas de Amurrio y Trápaga que catorce organizaciones han solicitado acceso a la información de la compañía. El plazo sigue abierto. Según El Correo, la deuda ronda los 260 millones de euros. Todos los interesados tienen perfil industrial, aunque por ahora no se han detallado condiciones ni importes de sus posibles ofertas. Entre los grupos que han firmado el acuerdo de confidencialidad figuran Tubacex y el presidente de Sidenor, José Antonio Jainaga, además de un grupo indio que ha emergido en las últimas semanas.
La entrada de pedidos ha crecido un 41% entre julio y agosto, respecto al mismo periodo de 2025, según la dirección de la empresa. El repunte fue del 39% en Amurrio y del 52% en Trápaga. El dato anima al sector. El repunte se vincula al conflicto en el estrecho de Ormuz, que ha encarecido el petróleo y reactivado la demanda de tubería para perforación.
La firma cerró el primer semestre con pérdidas de 88,1 millones de euros y una caída de ingresos del 51%, atribuida a la pérdida de días de producción durante una huelga contra un ERE finalmente suspendido. La dirección pide prudencia. Aún no está claro si existe una recuperación real de la demanda.
El Juzgado de Primera Instancia de Vitoria-Gasteiz aprobó la semana pasada ampliar los plazos del proceso concursal. El calendario se alargó. El acceso al data room finaliza el 30 de septiembre y la presentación de la primera oferta vence el 7 de octubre. El comprador deberá mantener la actividad durante al menos dos años.
La plantilla suma 1.300 trabajadores, repartidos entre los 900 empleados de Amurrio y los 400 de Trápaga, la mayoría con contrato indefinido.
Existe además un centro de roscado en Iruña de Oca y una planta de acabado en Texas, paralizada por los aranceles del 50% que Estados Unidos aplica al acero y al aluminio importados. El pago de las nóminas de septiembre está garantizado. Octubre dependerá de la carga de trabajo.