
La Fiscalía atribuye a tres administradores y a ambas sociedades una insolvencia punible con un perjuicio superior a 93 millones de euros, tras el concurso de Contratas Iglesias abierto en 2012 en Oviedo. Pide penas de dos años y medio de prisión; la acusación particular reclama hasta seis años.
La presidenta del tribunal decretó la nulidad y ordenó retrotraer las actuaciones al juzgado instructor, lo que retrasará el juicio más de un año. Las defensas niegan cualquier desviación ilícita de activos.