El auto, dictado por el magistrado Florencio Molina, reconoce que la compañía atraviesa una situación de insolvencia inminente por la baja rentabilidad recurrente, el peso de los costes fijos de su planta de la Zona Franca y la concentración de vencimientos de deuda. El plan fue aprobado sin consenso mayoritario de los acreedores, aunque con respaldo suficiente para vincular al resto de clases de pasivo.
La empresa, con 140 años de historia, cuenta con un plan de viabilidad hasta 2031 y un plan alternativo, el 'Proyecto Rubicón', que prevé el cierre de la fábrica si no se cumplen los objetivos.