
Las sanciones son el resultado de denuncias presentadas a través del canal interno de la empresa e investigadas con apoyo externo. La compañía, en concurso de acreedores con más de 260 millones de euros de deuda, vivió la huelga tras plantear un ERE de 301 despidos. Terminó el 6 de mayo cuando 235 empleados votaron en referéndum volver al trabajo. Las pérdidas del primer semestre ascienden a 88 millones.