
El documento detecta operaciones sospechosas de posible acción rescisoria, como acuerdos con Aideko/Aidesegi, un aval a favor de Berkley por una promoción en Zorrotzaurre y un pacto con Ortiz, con asunción de deudas de filiales sin contraprestación. También señala un agujero de 22,72 millones por la desaparición de acciones propias de autocartera vinculadas a la compra de ICADI, sin que Urbas haya iniciado acciones legales para esclarecerlo.
Además, pide reclasificar como subordinados créditos de sociedades vinculadas, Larisa y Germux, adquiridos muy por debajo de su valor nominal, que aportan cerca del 41% de los apoyos al convenio. El juez deberá decidir si el concurso se califica como culpable o fortuito.