
El plan agrupa a los acreedores en tres clases. Los créditos ordinarios no pyme, todos bancarios y votados en contra, sufren una quita del 64,91% y cinco años de espera. Los pymes soportan lo mismo, pero votaron a favor. Los subordinados, los socios, pierden el 100%.
El tribunal rechazó las impugnaciones: no se probó que las clases fueran artificiales, que el plan fuera inviable ni que se vulnerase la prioridad absoluta. Los recurrentes no aportaron informe pericial.