
La directiva, aprobada el 30 de marzo de 2026, convierte el prepack en un estándar cerrado de dos fases. El experto independiente pasa a supervisar la licitación y emitir informe al juez, sin buscar compradores. Se admiten ofertas de personas vinculadas al deudor, con controles reforzados.
Garcimartín alertó de que una transposición deficiente permitiría usar el prepack para frenar reestructuraciones impulsadas por acreedores. También prevé impacto en las acciones rescisorias y en los comités de acreedores obligatorios para grandes empresas.