Entre los acreedores figuran la Agencia Tributaria, con más de 1 millón, Cajamar y Bankinter, y proveedores de mobiliario, informática y transporte. Los activos, valorados en algo más de un millón, salieron a subasta extrajudicial en julio, aunque solo se vendieron 25.000 euros en productos.
La empresa ha ejecutado un ERE que afecta a 24 empleados y ha cerrado sus tiendas en Barcelona y Madrid. El administrador concursal detectó irregularidades contables; la compañía alega la fuerte competencia del sector tras caer sus ventas de 9 a 6 millones y perder 2,8 millones en 2025.