
Fundada en Sils en 1976, la empresa llegó a tener 600 trabajadores y plantas en Mollerussa y Granollers. Entró en concurso de acreedores en 2010 y se liquidó en 2012 tras el rechazo de la banca a su plan de viabilidad.
El ministerio público atribuye a los investigados delitos de insolvencia, estafa continuada, falsificación documental y apropiación indebida. La indemnización reclamada corresponde a facturas impagadas y operaciones simuladas que afectaron a una decena de bancos. La vista, prevista para el lunes, se ha retrasado hasta finales de semana por la incomparecencia de un acusado.