
Entre los usos discutibles detectados figura el encadenamiento de planes de reestructuración sin viabilidad real acreditada, usados para retrasar la entrada en concurso. También preocupa la limitada supervisión profesional en concursos sin masa y microempresas, donde la simplificación puede reducir garantías y acompañamiento técnico.
ASPAC reclama la aprobación pendiente del Estatuto del Administrador Concursal. El aniversario coincide con la Segunda Directiva de Insolvencia europea, lo que abre la puerta a revisar la norma española con criterios prácticos.