
Según la acusación, la maniobra se apoyó en sociedades interpuestas y en la creación de 25 UTE entre 2015 y 2018, usadas para transferir contratos públicos, además de fincas vendidas por debajo de mercado.
Contratas Iglesias entró en liquidación en 2019 completamente vaciada. La Fiscalía pide dos años y medio de prisión para los acusados, multas para las mercantiles y la devolución solidaria de lo desviado a la masa concursal.