
El informe atribuye la insolvencia a la denegación municipal de la licencia y de la hipoteca para una financiación de 3,5 millones, decisiones anuladas después por el TSJA. El spa cerró a comienzos de 2022 y la empresa entró en concurso en julio de ese año.
Se cifra el daño en 16,5 millones, sin incluir el lucro cesante; la concursada reclama hasta 36,7. La jueza debe aún admitir los escritos y fijar la vista.