
El litigio se originó en 2023, cuando CaixaBank reclamó por vía rápida el impago del préstamo. Aunque un juzgado de Guadalajara frenó inicialmente la ejecución por posibles cláusulas abusivas, la Audiencia Provincial revocó el fallo al recordar que esa protección no aplica a empresas, dejando a Arconi expuesta al embargo de cuentas y maquinaria.
El concurso paraliza automáticamente esas actuaciones de CaixaBank y otros acreedores. La empresa facturó más de 4,8 millones de euros en 2024 y había reducido su endeudamiento del 100 % en 2022 al 84 % en 2024.