
El juzgado declara disuelta la sociedad y cesa a sus administradores, que son sustituidos por la administración concursal, ejercida por la economista Bárbara Pitarque Villaescusa. La empresa había solicitado el concurso voluntario tras acumular pérdidas superiores a 353.000 euros en 2023.
Según la documentación concursal, el activo asciende a 3,45 millones de euros frente a una deuda reconocida de 2,76 millones. Fundada en 1947, la panificadora contaba con unos 40 empleados al iniciar el concurso. El proceso continúa ahora con la liquidación del patrimonio societario.