
A diferencia de los concursos de acreedores, que moderan tras el récord de 2025, los planes de reestructuración crecen en número y complejidad. Sectores como renovables, bodegas y automoción concentran especial presión; solo en renovables, bancos y fondos han asumido quitas superiores a 700 millones de euros.
El marco concursal de 2022 incentiva que las partes tomen la iniciativa antes de que la insolvencia sea inminente, generando una dinámica de dilema del prisionero: las operaciones arrancan como no consensuales pero tienden a resolverse en acuerdo, aunque con condiciones más exigentes.