
El polémico empresario, condenado a siete años de prisión y al pago de 22 millones de euros por fraude continuado a las haciendas estatal y autonómica y vulneración de los derechos de los trabajadores, perdió las riendas de sus negocios tras ser detenido en 2010. Entonces, el juez nombró a dos administradores judiciales y se adjudicó a Hiperion Capital Management un contrato de gestión de dos años prorrogable que incluía la opción a compra.